«El nuevo modelo portuario es un suicidio social»
Alberto Pons, director del Club Nàutic Can Picafort y expresidente de la APB, alerta sobre la gentrificación de la náutica de recreo en Baleares
Alberto Pons, director del Club Nàutic de Can Picafort y expresidente de la Autoridad Portuaria, abordó los retos actuales de la gestión portuaria y la necesidad de proteger el modelo de los clubes náuticos durante una jornada técnica organizada el pasado 28 de noviembre por la ACNB en el Club Nàutic S’Arenal.
Conocedor profundo de la mecánica de los concursos portuarios en la zona de competencia estatal, Pons destacó la urgencia de garantizar una legislación que preserve el carácter social y deportivo de estas instituciones.
En su intervención, Pons señaló que los clubes náuticos se enfrentan a un modelo económico desigual frente a las marinas comerciales, que cuentan con ingresos significativamente superiores gracias a su enfoque puramente mercantil. Este desequilibrio afecta especialmente a los concursos para la renovación de concesiones, donde los criterios económicos tienden a primar sobre los sociales o deportivos. «Si el tema económico manda, un club está muerto», afirmó, subrayando que los náuticos y marítimos no pueden competir en igualdad de condiciones si se equiparan a marinas que no invierten en actividad deportiva o social.
Uno de los aspectos centrales de la ponencia fue la importancia de los amarres sociales, que permiten a los socios locales acceder a tarifas asequibles y fomentan el papel vertebrador de los clubes en sus comunidades. Sin embargo, esta política limita los ingresos potenciales de los clubes, que obtienen menos beneficios por estas plazas de atraque en comparación con los transeúntes o las empresas de chárter. Pons calificó como «un suicidio social» el cambio de uso de los amarres hacia un modelo enfocado exclusivamente en clientes europeos o turistas de alto poder adquisitivo, y alertó sobre la paulatina pérdida de la identidad local de los clubes.
Otro punto clave de la exposición fue la capacidad de los clubes para diversificar sus ingresos. Pons, quien ejerció durante 16 años como gerente del Náutico de Palma, destacó la importancia de explotar servicios como varaderos, gasolineras o locales comerciales, que pueden aportar hasta un 40% de margen de beneficio. Estas actividades complementarias son fundamentales para compensar los elevados costes operativos asociados al personal, el mantenimiento y las inversiones deportivas. «La náutica no es barata, y mantener un puerto tampoco lo es», explicó, al tiempo que instó a los clubes a priorizar una gestión eficiente y orientada a garantizar su sostenibilidad.
Los ratios presentados en la ponencia ofrecieron una visión detallada de los retos operativos. Por ejemplo, un marinero suele atender 70 amarres, mientras que los gastos de personal representan entre el 25% y el 30% de los ingresos totales de un club. Este porcentaje es notablemente mayor que el de las marinas, que operan con ratios de personal más bajos y obtienen ingresos mucho más altos por amarre. Asimismo, los clubes dedican entre un 5% y un 8% de sus ingresos al mantenimiento portuario y de infraestructuras deportivas (neumáticas, furgonetas de equipos de regatas), frente al 2% o el 3% de las marinas, lo que evidencia las diferencias estructurales entre ambos modelos.
En cuanto a la actividad deportiva, Pons señaló que un club ideal debería destinar un mínimo del 10% de sus ingresos al deporte, una cifra que a menudo no se alcanza en clubes pequeños o con ingresos limitados. «Gastar mucho en personal deportivo significa actividad y coherencia con el modelo de club», afirmó, insistiendo en que esta inversión es clave para mantener la esencia de estas instituciones. Además, resaltó la importancia de la organización de regatas y otras actividades que fomenten el deporte base y contribuyan a la cohesión de las comunidades locales.
La comparativa económica entre clubes y marinas dejó claro que estas últimas tienen una ventaja estructural significativa. Una marina de 75.000 m2 puede generar más de 41 millones de euros anuales, mientras que un club náutico con una superficie similar apenas alcanza los 13 millones. «No se puede defender el concepto de club ni por ratios ni por economía», concluyó Pons, haciendo hincapié en que la supervivencia de los clubes depende de medidas legales y políticas que los protejan.
Finalmente, defendió la necesidad de redefinir los criterios de los concursos para renovación de concesiones, priorizando aspectos sociales y deportivos sobre los económicos. También abogó por una mayor implicación institucional en la protección de los clubes náuticos como patrimonio cultural y deportivo. «Los clubes náuticos no son solo gestores de amarres, sino espacios que unen el mar con las personas, fomentan el deporte y crean comunidad; hay que protegerlos», concluyó.
